Ya hace más de tres años que Aída Martínez se presentó a las últimas oposiciones para auxiliares administrativos que convocó la Administración General del Estado. Corría 2009. “No se han vuelto a convocar”, lamenta esta gallega de 36 años que ayer, como muchos miles de opositores en España, perdió la esperanza de que vuelvan a convocarse exámenes de ingreso en esa y en cualquier otra Administración hasta 2015.
El plan presupuestario que el Gobierno ha enviado a Bruselas para 2013 y 2014 contempla la congelación de la oferta pública de empleo. Solo se convocarán oposiciones para sustituir a uno de cada 10 jubilados entre los maestros, profesores, médicos, enfermeros, policías, militares e inspectores y subinspectores de Hacienda y Trabajo y Seguridad Social.
“Esto acabará por agravar la situación de los empleados públicos”, se queja César Pérez, de CC OO, que explica que la edad media de los empleados públicos en España supera los 55 años.
La función pública ha estado en el punto de mira de los ajustes desde mayo de 2010. Ya entonces el Gobierno de Zapatero redujo las tasas de reposición de los empleados públicos. Y en diciembre de 2010, en una de las primeras medidas de Mariano Rajoy en La Moncloa se congeló la convocatoria de oposiciones para este año. Al final, las medidas van surtiendo efecto y el número de empleados públicos se reduce.
Según el Registro Central de Personal, que va con bastante retraso, en 2011 ya se redujo la plantilla total de las administraciones y, de acuerdo con la encuesta de población activa, en segundo trimestre de este año se han destruido casi 200.000 empleos públicos respecto al mismo periodo del año anterior.
Y esto acaba por afectar al ánimo de los opositores. “Tengo pocas esperanzas ya, muy poquitas. No es porque no tenga confianza en mi, es que me invade ya bastante desánimo”, explicaba ayer Pepa Caracena, una madrileña de 43 años que vive en Santa Pola (Alicante) y que lleva un tiempo intentando ser funcionaria, un empleo al que se ha dedicado la mayor parte de su familia.
Pepa confiaba, hasta el viernes, en tener más oportunidades en las pocas oposiciones que hay convocadas para este año. Confía en que la supresión de la paga extra de Navidad o la reducción de días libres desanimen a muchos aspirantes y facilite el acceso.
Según César Pérez, de CC OO, el deterioro de las condiciones laborales de los empleados públicos del que habla Pepa acabará por empujar a más funcionarios a jubilarse antes. En los últimos dos años se han retirado unos 11.000 en conjunto (5.000 en el primero, 6.000 en el segundo). “Si trabajando como funcionarios pierden la extraordinaria de Navidad y la cobran como pensionistas, mucha gente que está aguantando acabará por jubilarse, incluso anticipadamente. Así no tiene mucho sentido trabajar durante más tiempo”.
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