Os traigo esta noticia publicada en El País:
Ayudar a levantar el país desde el servicio público y hacerse con un puesto de trabajo para toda la vida es un argumento de peso para lanzarse, ahora, a preparar una oposición. Una salida a la destrucción de cerca de un millón de empleos que ha provocado la crisis del coronavirus. El momento no puede ser mejor. De hecho, la oferta pública de empleo (OPE 2019) es la mayor de los últimos 11 años, con 33.793 vacantes, de las que 5.254 son de estabilización (plazas ocupadas por interinos) y se espera que la OPE 2020 alcance una cifra similar. Su aprobación está al caer.
Oposiciones hay muchas. Pero las que se llevan la palma por la multitud de plazas que van a poner en el mercado son a la Administración General del Estado y a sus cuerpos y fuerzas de seguridad. Sin embargo, acceder a un empleo en entidades como Correos (3.421 plazas) o Renfe (2.500 plazas) es una opción al alza “porque la empresa pública se ha hecho muy innovadora”, opina Ángela de las Heras, coordinadora de oposiciones del Centro de Estudios Financieros (CEF). Un abanico al que hay que sumar las 383 plazas ofertadas por el efecto Brexit.
De las Heras apuesta, también, por la internacionalización del funcionariado, donde “se puede llegar muy alto”. Para ello, aconseja concurrir a plazas en embajadas y organismos como la Unión Europea (tiene abierta la convocatoria para 535 plazas de secretaria y en breve lo hará para administradores del ámbito legal, relaciones internacionales y jurídico), la Organización Internacional del Trabajo o el Banco Central Europeo.
Es un año cargado de oportunidades porque, unido al fuerte incremento de las plazas, la oferta se ha abierto por primera vez a colectivos discriminados, como los diagnosticados de VIH, diabetes, celiaquía o psoriasis, en total 7 millones de personas que pueden optar a plazas de policías, guardias civiles, militares, funcionarios de prisiones y agentes de aduanas al levantarse el veto en los cuadros médicos que lo impedía. “Un momento inmejorable para opositar”, así lo califica Antonio Mayoral, director general de la escuela Master D. “Hay miles de plazas pendientes de convocatoria, pero, además, se ha ampliado hasta 2021 la fecha de caducidad de las ofertas que vencían en 2020, lo que da mucho más tiempo para preparar los exámenes”, explica.
El gran desafío desde que se retomaron las pruebas de selección masiva en junio es evitar que la covid-19 se cuele entre los opositores. Los riesgos son muchos: aulas que acogen cientos de aspirantes, entradas y salidas a los exámenes o acceso masivo al transporte público. Por ello, se ha recurrido a diversificar los centros examinadores y ya hay organismos que no descartan la vía telemática, eso sí, garantizando la igualdad en la conexión y la seguridad del examen.
Es el caso del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, donde se ha llegado a un acuerdo con la UNED para descentralizar, por primera vez, las oposiciones para que los aspirantes puedan examinarse en sus centros territoriales. “Se evitan así desplazamientos y pernoctaciones fuera del territorio”, indican desde el departamento. No descartan, además, lecturas telemáticas para las fases iniciadas antes de la emergencia sanitaria.
No es el caso de las oposiciones al Ministerio de Hacienda, una de las más populares, donde no se prevé la opción virtual “al no poder garantizar que se concurra en condiciones de igualdad”, según Ignacio Corral, presidente del Tribunal del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda. Unas pruebas donde también se va a dividir a los aspirantes en otras sedes y en las que se ha decidido de “forma arriesgada, pero acertada (esto es nuevo para todos y carece de regulación) retrasar dos meses la convocatoria a todo aquel aspirante que acredite, con informe médico, estar contagiado o en cuarentena”, agrega.
La emergencia sanitaria ha dado también un vuelco a los centros preparadores de oposiciones. De las Heras reconoce que no ha sido fácil. “Hemos atendido vía telefónica a estudiantes que han vivido situaciones angustiosas para que no se vinieran abajo. Preparar una oposición requiere estar muy fuerte emocionalmente”. Mayoral asegura que las plataformas virtuales han supuesto a los alumnos importantes ahorros de tiempo que han ganado para el estudio. Pero también de dinero, al evitar desplazamientos, alquiler de pisos o estancias en colegios mayores. Su escuela ha ampliado los aforos de las clases online en directo.
Qué examen elegir
Con una oferta pública tan amplia, la portavoz del CEF recomienda a diplomados y licenciados universitarios las oposiciones del subgrupo A2 para técnicos de Hacienda y gestión del Estado (2.239 plazas y cerca de 90 temas). A quienes han cursado Bachillerato o FP de segundo grado, el grupo C1 para administrativos, tramitadores, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado (con entre 40 y 50 temas). Y el grupo C2, de cuerpos auxiliares (con 25 o 30 temas) para los que tienen la ESO o la FP básica. Aunque avisa de que “cuanto menor es el grado de exigencia, más gente se presenta”.
Mayoral se decanta por las oposiciones de auxiliar administrativo, por sus “miles de plazas a nivel nacional, autonómico y local para organismos de Gobierno, universidades, Ayuntamientos o servicios de salud. También por su elevada oferta, más de 5.000 plazas, las de Policía Nacional, Guardia Civil y Tropa y Marinería, que se convocan anualmente, y por las de Correos “por la cantidad de plazas, lo accesible de sus requisitos y porque son sólo 12 temas”.
Otras pruebas con multitud de plazas pendientes de convocar son a la Administración de Justicia, para auxilio judicial (2.853 plazas), tramitación procesal (1.017) y gestión procesal (440). Educación y Sanidad son las oposiciones más importantes a nivel regional y su convocatoria corresponde a cada comunidad.
UN FUNCIONARIADO ENVEJECIDO
La masiva oferta de empleo público se debe al envejecimiento generalizado del funcionariado español. La cifra de servidores públicos se eleva a poco más de 2 millones, de los que casi 1,5 millones son funcionarios de carrera y 142.563 personal laboral fijo. En la Administración General del Estado, la media de edad es de 52 años frente a los 42 años del resto de población activa. En ella solo el 12% de los profesionales son menores de 40 años. Las previsiones apuntan, además, que en los próximos 10 años se jubilarán casi 70.000 funcionarios, más de la mitad.
DISTRIBUCIÓN DE LAS PLAZAS
Administración General del Estado (AGE): 20.781 Fuerzas Armadas: 1.814 Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: 5.561 Estabilización en el ámbito de Justicia: 2.237 Estabilización en el ámbito de Educación: 489 Estabilización en el ámbito AGE: 2.528 Previsiones del efecto del Brexit: 383
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