El personal laboral al servicio de la Comunidad de Madrid, unas 30.000 personas, quedó ayer sin convenio colectivo en virtud de la reforma laboral del PP, que implica que tras un año desde la denuncia de un convenio sin acuerdo para uno nuevo el anterior pierde su vigencia si no hay un pacto en contrario.
El Gobierno regional informó a los sindicatos CC OO, UGT y CSIT que mantendrá los “complementos salariales, la clasificación profesional, las jornadas ordinarias y extraordinarias, las ayudas familiares y los pluses de transporte”, las condiciones para acceder a préstamos y anticipos y el régimen disciplinario, según confirma una portavoz de la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas.
Esos “términos generales” del convenio estarán vigentes, según establece la resolución aprobada por la consejería, hasta el 1 de octubre, fecha en la que el Gobierno autonómico emplaza a los sindicatos a tener firmado un nuevo convenio. Mientras, el resto de asuntos que se regulan en el convenio como la formación, salud laboral y medioambiente o derechos sindicales, entre otros, quedan en suspenso.
El conflicto está servido. Los sindicatos, que ayer se levantaron de la mesa al constatar la decisión de la Comunidad, niegan la mayor y acusan al Gobierno de Ignacio González de mala fe en la negociación y de conducta antisindical. El responsable de Función Pública de CC OO, Javier Díaz Toril, explica que el convenio del personal laboral no está afectado por la entrada en vigor de la caducidad de los convenios en ultraactividad porque en el suyo se dice que “hasta tanto se logre acuerdo expreso sobre otro nuevo, se prorrogará la totalidad de su contenido”. Es decir, existe el pacto explícito que contempla la reforma laboral. “ Y jurídicamente no es lo mismo prórroga que ultraactividad. Nos obligan a ir a los tribunales”, señala Díaz Toril.
La Consejería defiende que la decisión del Gobierno mantiene lo sustancial de las condiciones laborales y abre la negociación. Pone como ejemplo la actuación de la Junta de Andalucía con sus empleados, a los que “prorrogó un año sus condiciones” hasta el 30 de junio de 2014. Pero con la diferencia de que en Andalucía hay un acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos para garantizar la vigencia de los convenios como tales y abre la posiblidad del arbitraje en caso de bloqueo, en la línea del acuerdo marco de los sindicatos y la CEOE.
“No hay buena fe negociadora”, sentencia Rosa Robledo, de UGT. El último convenio tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2007. En los cinco años y medio transcurridos los sindicatos sostienen que han intentado pactar uno nuevo “innumerables veces” sin hallar “voluntad” de negociar por parte del Gobiernos, explica Robledo.
La portavoz de la Consejería responde que “ha habido siempre voluntad” negociadora pero que eran los sindicatos los que tenían “aparcada la negociación por los cambios legislativos que estaba introduciendo el Gobierno central”.
“La opción b era dejarles sin nada, solo con el Estatuto de los Trabajadores”, afirma la portavoz de la consejería madrileña.
Eso es lo que ha sucedido por ejemplo a los 300 trabajadores de Telemadrid, que el mismo lunes recibieron un correo electrónico en el que se les informa del “ofrecimiento” de las nuevas condiciones. En el texto enviado a los trabajadores del ente público se añade que “si algún trabajador rechazara expresamente” las nuevas condiciones laborales “que se ofrecen como complemento de la normativa laboral” debe notificarlo antes del 31 de julio de 2013.
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