Una hora encadenada a otra hora; un día anillado a otro; una semana empalmada a otra; un mes fusionado con otro mes... Sin vacaciones, días festivos, clavando codos y quemándose las pestañas con la luz de un flexo. Así es la vida sin vida de un opositor. Un sacrificio que busca meter la cabeza en la Administración para asegurarse, en estos tiempos de zozobra, un futuro estable.
Ahora, imagine que si después de invertir todo este tiempo y hacer todos esos sacrificios, el día del examen se topa con una prueba que nada tiene que ver con lo que ha repasado una y otra vez; que la cuestión que el tribunal evaluador le plantea nada tiene que ver con el temario que se ha preparado y que, de hecho, usted entiende que ese asunto está fuera del temario.
Esto es lo que les ha sucedido, al menos, a la mitad de los 47 suspendidos en la segunda prueba de oposición para hacerse con una de las 48 plazas que el 28 de marzo de 2011 el Ayuntamiento de Madrid convocó para Técnico de Administración General (rama jurídica), para ser abogado municipal.
Fuentes conocedoras del proceso precisaron que los afectados van a interponer un recurso de alzada ante el Ayuntamiento para que anule la prueba y, parte de ellos, incluso, no descartan acudir a la jurisdicción Contencioso-Administrativo si no se les da la razón.
Pero esta no es la primera incidencia que se vive en esta oposición. El tribunal se vio obligado a anular un segundo examen que se hizo con anterioridad, debido a que el segundo supuesto práctico había aparecido publicado en la página web de la Universidad Carlos III antes de hacerse la prueba, que se hacía en esa misma universidad.
El Ayuntamiento dice que está a lo que dictamine el tribunal evaluador
El tribunal está compuesto por 12 miembros (seis titulares y seis suplentes): un presidente, un secretario y cuatro vocales.
Se trata de funcionarios de carrera con titulación. Los miembros son catedráticos, profesores titulares de Universidad, letrados municipales, técnicos superiores de la Administración general del Ayuntamiento y de la Comunidad, así como funcionarios del Cuerpo de Administradores civiles del Estado.
El tribunal, después de analizar las 25 reclamaciones, decidió el 6 de junio de 2013 anular la prueba. A consecuencia de lo ocurrido dos vocales dejaron el tribunal.
«Nosotros estamos a expensas de lo que dictamine el tribunal. Se trata de la máxima autoridad en este asunto. Es el que decide si las reclamaciones se estiman o no», precisa un portavoz del Área de Economía, Hacienda y Administración Pública del Ayuntamiento de Madrid. Asimismo, asegura que hasta la fecha «no tienen conocimiento» de ninguna queja.
Las personas que, finalmente se hagan con uno de estos puestos en la Administración municipal conseguirán un sueldo de poco más de 2.000 euros mensuales, según señalaron fuentes municipales.
Fuentes de los participantes en el examen señalaron que esta segunda prueba ha consistido en la resolución de dos supuestos prácticos. «Uno de ellos versaba sobre una materia excluida por las bases de la convocatoria como es la Ley Orgánica de Protección de Datos», precisa. En al anterior convocatoria estaban llamados a participar a 166 aspirantes, 155 de turno libre, tres de promoción interna y cinco que corresponden al cupo de discapacitados. Ahora, las cifras han sido muy similares.
Según alguna de las reclamaciones a las que ha tenido acceso este diario, una de las aspirantes que ha sido suspendida llevaba preparando la prueba, con dedicación exclusiva, desde hace ocho años.
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