Dependiendo de la sociabilidad de cada uno, será más o menos fácil hacer un recuento de 100 personas a las que se conoce. Una vez hecho este escrutinio de ese centenar de individuos, más de cinco trabajan para la administración pública. No es un ejercicio adivinatorio sino estadístico, partiendo de los últimos datos del Boletín estatal del personal al servicio de las administraciones públicas.
Con fecha de uno de enero de 2014, las plantillas del Estado, comunidades autónomas y entidades locales se componían de 2.522.306 empleados. La población en esa misma fecha era de 46.339.567 personas, lo que indica que el 5,44% de los residentes españoles son funcionarios o empleados públicos, según los cálculos elaborados por este periódico.
El Gobierno de Mariano Rajoy, desde que llegó al poder, ha forzado una reducción de las plantillas públicas mediante un decreto de no reposición de activos, aunque en algunas plazas se permitía una sustitución del 10% de las bajas. Esta medida ha ayudado a rebajar una plantilla considerada como demasiado abultada en las críticas a la economía española. En los últimos cinco años, el peso del sector público en términos de personal ha disminuido un 3,25% desde el 1 de enero de 2009, cuando se formaba por 2.636.900 trabajadores.
Aun así, el peso de la Administración va por barrios. Extremadura es la comunidad autónoma con mayor número de empleados públicos. A primeros de este año alcanzaba en total los 88.488 trabajadores, equivalente a que ocho de cada 100 habitantes es trabajador de la Administración. Esta ratio de 8,05 sobre 100 es bastante superior a la segunda región en esta lista, Aragón, que tiene 6,64 funcionarios de cada 100 residentes. Castilla y León y la Comunidad de Madrid le siguen de cerca, también con más de seis funcionarios de media.
Cataluña es la tercera comunidad con más funcionarios en términos absolutos, pero es la última si se mide en términos relativos. Así, solo 4,1 catalanes son trabajadores públicos. Comunidad Valenciana y Baleares le siguen en segundo y tercer lugar por la cola, siendo las tres únicas autonomías cuyo número de funcionarios es inferior a cinco de cada 100. Precisamente, son estas autonomías donde la población ha aumentado más en los últimos años, aparentemente, a un mayor ritmo al número de contrataciones públicas.
Evidentemente estos cálculos recogen el personal en todos los niveles administrativos. Si se pone el foco exclusivamente en las plantillas de las comunidades autónomas, se aprecian algunas variaciones. Por arriba, Extremadura sigue siendo la autonomía que más funcionarios tiene en nómina. Sus 44.118 empleados públicos supone que 4,2 de cada cien extremeños trabaja para la Administración que ahora preside José Antonio Monago. Es la única que supera el 4%. Le sigue Navarra, con una ratio de 3,62%, y Castilla y León, con el 3,4%.
En este caso, también Cataluña es la comunidad autónoma con la plantilla más corta en términos relativos. Solo 2,2 de cada 100 ciudadanos trabajan para la Generalitat liderada ahora por Artur Mas. La Comunidad de Madrid, que en la anterior estadística se colocaba en tasas elevadas debido a la presencia de la administración estatal, baja en términos regionales al segundo puesto por la cola, con un 2,3%.
La Comunidad Valenciana e Islas Baleares completan el tercer y cuarto puesto en austeridad autonómica. Andalucía es la comunidad que más empleados públicos mantiene, con 237.235 funcionarios, pero al ser el territorio más poblado, consigue quedarse por debajo de la media, con 2,8 empleados de cada 100 andaluces. La mediana entre todas las comunidades autónomas se sitúa en el 3,06 empleados.
Extremadura viene así liderando todos los ránkings anteriores, y tampoco deja el trono si se realiza esta aproximación desde la óptica de los municipios. Las entidades locales extremeñas tienen a sueldo a 2,31 empleados por cada 100 conciudadanos. Castilla-La Mancha y Canarias ocupan el segundo y el tercer lugar. En las últimas posiciones se hallan Navarra, y La Rioja. Los municipios de la comunidad foral solo tienen el 0,6% de sus habitantes a sueldo, mientras que en el caso de La Rioja es ligeramente superior, del 0,7%. La mediana se encuentra en casi el doble, con 1,2 funcionarios municipales.
Obviamente la Administración General del Estado concentra el grueso de su personal en la capital madrileña. Por este motivo, la Comunidad es el territorio con más personal en esta clasificación a 1 de enero de 2014, hasta 163.361 trabajadores, lo que supone que casi el 2,6% de su población se emplea en el sector público estatal.
Le siguen también Aragón, Castilla y León y, también aquí, Extremadura. Junto a estas, Andalucía, Galicia y La Rioja son las autonomías con una ratio superior a uno de cada cien habitantes en este sector. Por la cola, Cataluña vuelve a ser la autonomía con menos presencia estatal, con apenas un 0,4% de sus habitantes. Le siguen País Vasco y Navarra, ambas de régimen foral y, ya por ello, con mucha menos presencia del Ejecutivo central. La mediana se sitúa en este caso en el 1,1%.
Evolución
Las plantillas públicas llevaban una senda de reducción en los últimos ejercicios hasta 2013, año en que el descenso de personal apenas alcanzó el 1%, debido a un importante auge de trabajadores, cercano a los 11.000 puestos, en los ayuntamientos andaluces. Desde una óptica más amplia, y cogiendo como referencia el último lustro, desde el 1 de enero de 2009, las plantillas han acometido en su conjunto un recorte del 3,25%.
La Administración General del Estado es la que, relativamente, ha hecho un esfuerzo menor, reduciendo solo un 2,82% el grueso de su plantilla. Las comunidades autónomas llevaron a cabo un ajuste del 3,62%, mientras que el mayor de todos los sacrificios lo han hecho las entidades locales, que han aligerado sus plantillas un 10,92%.
A pesar de ello en este recorte global en el último quinquenio existen notables diferencias. Hasta tres autonomías han aumentado en su conjunto el peso de las plantillas. Se trata de País Vasco, Navarra y Cataluña, con incrementos del 2,8%, 1,6% y 0,9%, respectivamente. Por el lado contrario se encuentra Castilla-La Mancha, que ha alcanzado una reducción del 9,34%, sin precedentes en el resto, y en segundo lugar Extremadura que, pese a ser la región mejor dotada en este sentido, ha acometido un esfuerzo del 6%.
Pero centrando el objetivo y si se asume exclusivamente el personal a cargo de la administración autonómica, hasta ocho comunidades han aumentado sus filas desde 2009: Asturias, País Vasco, La Rioja, Baleares, Canarias, Navarra, Cataluña y Aragón.
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