Las nuevas generaciones no se sienten atraídas por un puesto para el que es necesario superar unas duras pruebas de acceso, lo que hace muy difícil que la AEAT pueda cubrir las jubilaciones al tiempo que amplía su plantilla.
Los universitarios ya no quieren ser inspectores de Hacienda. O, al menos, consideran que ingresar en la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ya no es tan atractivo. Las generaciones anteriores, en cambio, pensaban justo lo contrario y hubo un tiempo en el que Hacienda registró un notable número de entrada de inspectores que, ahora, se han jubilado o están cerca de hacerlo. El resultado es que la Agencia no encuentra aspirantes suficientes con los que cubrir las salidas al tiempo que trata de ampliar una plantilla que, además, quedó mermada durante la crisis y todavía no se ha recuperado.
"Hay varios factores. Por una parte, las nuevas generaciones prefieren algo más inmediato. Pero además, las nuevas formas de estudio no son tan memorísticas, se fomenta más los trabajos, por ejemplo. Y eso choca con las pruebas de acceso, que sí son memorísticas", explica Berta Tomás, presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE). "Es necesario modernizar las pruebas de acceso. Este año ya hemos conseguido que si un aspirante aprueba el primer y segundo examen, se los guarden también para el próximo año", prosigue Tomás.
Esas modificaciones, sin embargo, son entendidas por una parte del cuerpo de Inspectores como una rebaja de las exigencias. Algunos consideran que los nuevos aspirantes están menos motivados, preparados o dispuestos al sacrificio que supone enfrentarse y superar las pruebas de acceso. Y eso conecta con la primera idea que apunta Tomás, pero también con el hecho de que muchos jóvenes consideran que un despacho o una gran auditora es una mejor opción profesional. Primero, porque tienen un sueldo nada más acceder al puesto y, segundo, por la expectativa de que este mismo sueldo mejore de manera muy notable a medida que progresan en la compañía. Una mezcla entre la cultura de la inmediatez que han fomentado la revolución digital y las nuevas tecnologías, y la aspiración de acceder a una capacidad adquisitiva que no tendrían en la Agencia Tributaria.
Mientras, las jubilaciones han pasado de ser aepnas 189 en 2008 a alcanzar los 628 casos en 2018, según los datos de Hacienda. Para este año se espera una cifra similar, lo que constata que las generaciones que llegan a la jubilación son muy nutridas y que, efectivamente, en el pasado la carrera de inspector atraía a una mayor proporción de profesionales.
"Las entradas netas se reducen mucho por las jubilaciones", explica Tomás, lo que complica más si cabe el objetivo de recuperar el número de efectivos previo a la crisis. En 2008, la Agencia alcanzó su máximo con casi 28.000 efectivos pero a partir de ese momento la cifra comenzó a disminuir hasta llegar a los 24.939 del pasado año, un proceso que no se ha visto revertido ni siquiera por el carácter notablemente ascendente que han tenido las ofertas de empleo público.
CAPTACIÓN EN LAS UNIVERSIDADES Y OFERTA
Ante esta situación, una de las líneas estratégicas de la Agencia Tributaria es que los procesos alcancen "un equilibrio entre el sistema actual de oposiciones y las necesidades actuales de personas con capacitaciones profesionales diversas". Esto es, no sólo modernizar las pruebas como señala Tomás, sino que también se adapten a los nuevos perfiles profesionales e, incluso, a la modernización del fraude.
De manera paralela, el organismo dirigido por Jesús Gascón quiere "fomentar acciones para la captación de opositores en las universidades, entrando así en competencia directa con otras empresas en la búsqueda de empleados entre los estudiantes universitarios de últimos cursos". Es decir, ir a las universidades a informar y convencer a los estudiantes. A los interesados, la Agencia les ofrece trabajo fijo, acceso a uno de los cuerpos de élite del Estado y un buen sueldo ya en el momento de acceso que, en función de la antigüedad y la actividad concreta, en no pocos casos acaba superando los 100.000 euros al año.
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