El Pleno del Congreso convalidará este jueves el decreto ley por el que se aprueba una oferta pública de empleo (OPE) de 3.834 promociones internas para este ejercicio y 7.416 nuevas plazas, de las que casi un millar son de carácter extraordinario para combatir el fraude y reforzar las plantillas de los ayuntamientos y la Justicia.
El Consejo de Ministros aprobó el 20 de marzo este decreto, por el que se convocará 2.868 plazas para la Administración General del Estado (AGE), 230 para la Agencia Tributaria, 50 para funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional, 1.350 para Justicia, 1.374 para el Cuerpo Nacional de Policía y 820 plazas para la Guardia Civil.
Por su parte, de las 724 plazas que forman parte de la oferta extraordinaria, 190 corresponden a la AGE, 254 a la Agencia Tributaria, 200 a funcionarios locales con habilitación de carácter nacional, y 80 a Justicia.
Cuatro veces más
En total, sumando la oferta ordinaria y extraordinaria de nuevas plazas, para este año se convocan 3.542 plazas de nuevo acceso en la AGE, casi cuatro veces más que en el ejercicio anterior; 1.430 para Justicia, que multiplica así por 17 la oferta de 2014; 250 para funcionarios locales con habilitación con carácter nacional (+13,1%); 1.374 para la Policía Nacional (+337,6%), y 820 para Guardia Civil (cinco veces más que en 2014).
Por último, dentro de las 3.834 plazas de promoción interna previstas para este año, 2.708 son para la AGE, con un incremento del 76% respecto a la oferta del ejercicio anterior; 50 para funcionarios locales con habilitación de carácter nacional (-29%), 596 para la Administración de Justicia (más de siete veces más que en 2014), 150 para el Cuerpo Nacional de Policía (+25%) y 330 para Guardia Civil (las mismas que en 2014).
Y es que, dado el contexto de recuperación económica, las administraciones deben estar "preparadas para responder a nuevos retos" y no se justifica no incrementar las plantillas allí donde hace falta, algo que en cualquier caso no conllevará un incremento de gasto público.
Cifras "preocupantes" de plantilla
En este sentido, la memoria de impacto que acompaña el decreto ley, y a la que ha tenido acceso Europa Press, recuerda que los Presupuestos de 2015 impedían la incorporación de nuevo personal público salvo en algunos ámbitos.
Sin embargo, el Gobierno reconoce que "existen determinados ámbitos en los que la tasa de reposición (del 50%) no resulta suficientemente amplia como para hacer frente a las actuaciones que por la sociedad y las administraciones se requieren".
"A menudo se trata de sectores en los que resultaría necesario un incremento del número de efectivos, pero la regulación no posibilita un mantenimiento de los recursos personales dedicados a esta función lo que, pese a los esfuerzos realizados en incrementar la eficiencia en la prestación de servicios, puede cuestionar el cumplimiento adecuado de las funciones adecuadas", admite a renglón seguido.
Diferentes cuerpos
Así, el número de vacantes entre los funcionarios de la Administración local con habilitación nacional el Gobierno se mantiene "prácticamente" igual que en 2014 --unas 1.740--, sobre todo en las subescalas de intervención-tesorería y secretaría-intervención, algo "especialmente preocupante" dada la importancia de sus funciones de control económico-financiero y presupuestario, tareas que además se han incrementado en los últimos años.
Algo que además resulta más improductivo si cabe ya que estas plazas no se pueden amortizar aunque estén vacantes, por lo que su coste se dota en los presupuestos cada año y acaban cubiertas por interinos o nombramientos accidentales. Con esta oferta de plazas se conseguirá "garantizar una mayor profesionalidad y eficacia" del personal.
En cuanto a la Inspección de Trabajo, el Gobierno reconoce un "retroceso" en medio centenar de funcionarios desde 2013, con lo que la plantilla se sitúa actualmente "por debajo de los efectivos disponibles en 2011" ya que las nuevas incorporaciones han sido inferiores a las bajas de cada año. Sin embargo, "la lucha contra el empleo irregular sigue siendo prioritaria" por lo que hace falta sumar trabajadores que puedan encargarse de las nuevas actuaciones previstas.
Lo mismo sucede en el ámbito de la Seguridad Social. En concreto, en la Intervención General "es preciso" incorporar funcionarios del subgrupo A2 con especialidad de auditoría y contabilidad ante las bajas acumuladas durante los últimos años, lo mismo que ha sucedido en las entidades gestoras y servicios comunes, cuyas plantillas además han envejecido notablemente a la par que las nuevas funciones que se les asignaban se hacían más complejas.
Mantener los ingresos del Estado
Mención especial merece el caso de la Agencia Tributaria, cuya labor es fundamental para mantener los ingresos del Estado, algo que se pone en riesgo ante la "grave disminución" del personal durante los últimos años, cuyo coste es muy inferior a esas pérdidas. Eso justifica, a juicio del Gobierno, un "tratamiento excepcional y diferenciado" a este organismo.
No en balde, en la memoria se reconoce que a 31 de diciembre de 2014 la plantilla de la AEAT se situaba en la "cifra más que preocupante" de 25.742 efectivos, lejos de los 28.000 que suelen ser habituales. Esto se suma a un importante incremento de los servicios ofertados, lo que hasta la fecha se ha ido salvando mediante el uso de nuevas tecnologías.
"No obstante, una hipótesis de OEP equivalente a la de 2014 pone de manifiesto el riesgo de una pérdida acumulada durante toda la década de 2010 a 2020 cercana a una cuarta parte de una plantilla cuya edad media ha pasado de poco más de 40 años en su creación a cerca de 50 años actualmente. Una pérdida de plantilla de tales dimensiones difícilmente podrá ser asumida sin poner en serio riesgo el incremento que sería deseable de sus resultados o, al menos, su mantenimiento", añade el Gobierno.
Por último, el Ejecutivo explica que "dada la naturaleza" de las plazas incluidas en esta OPE, "no se ha considerado procedente la existencia de un cupo para personas con discapacidad intelectual", sino que las posibles plazas que le hubieran correspondido a ese colectivo "se suman a las de discapacidad general, que por eso pasa del 5% al 7%".
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