Los últimos datos publicados por el Ministerio de Haciendareflejan que a 1 de enero de 2017 había en España 2.523.167 de empleados a nómina de la Administración, entre personal funcionario y laborales. Supone un 0,2% más que en el mismo período del ejercicio anterior. Un incremento mínimo, pero que supone el primer avance en cinco años.
Esta tendencia se mantendrá e intensificará en los próximos años tras la aprobación de una oferta de empleo público para cubrir 28.249 vacantes. De éstas, 20.451 son de ingreso libre y 7.798 corresponden a promoción interna.
El peso del empleo público es mayor en las comunidades menos desarrolladas económicamente y con mayor paro. En Ceuta y Melilla, el número de funcionarios representan más de la mitad de asalariados. En el ranking autonómico, Extremadura es la comunidad con mayor peso del empleo público sobre el total. Los trabajadores que residen en Extremadura y están a nómina del Estado, de la Junta o de la administración local alcanzan lo 88.886 efectivos, el 28,6% del total de asalariados. Le sigue Castilla y León (23,1%), Castilla-La Mancha (22,4%) y Asturias (20,2%).
En el lado opuesto destaca Cataluña, donde solo el 11% de los asalariados cobra directamente del sector público. Baleares y Madrid también registran cifras relativamente bajas, del 12,2% y del 14,8%, respectivamente. De media, el 16,7% de los asalariados en España tiene una nómina vinculada a la Administración pública.
En números absolutos, Andalucía es la comunidad con más funcionarios, algo lógico si se tiene en cuenta que también es la autonomía más grande y poblada. De los 2,5 millones de funcionarios, 458.371 trabajan en Andalucía. Le sigue Madrid con 388.344 funcionarios. El efecto capitalidad beneficia a la comunidad madrileña al incrementar el número de funcionarios en la región.
Llas comunidades autónomas y las universidades son los dos eslabones de la administración que han registrado un incremento del número de efectivos en 2017. Así, las comunidades autónomas cuentan con 1.307.358 empleados, un 1%más que hace un año. El incremento en las universidades fue del 1,7% hasta los 150.287 efectivos. En cambio, el Estado central y la Administración local redujeron su plantilla un 1%hasta los 522.410 y las 147.770 personas, respectivamente.
Las comunidades autónomas, que son responsables de gestionar los pilares del Estado de bienestar (educación, sanidad y servicios sociales), suman el 52% de los empleados. De hecho, la mayor parte de los empleados que cobran de la administración autonómica están adscritos a áreas como la sanidad o la educación.
El capítulo de gastos de personal es uno de los más relevantes en los presupuestos públicos. En 2016, el conjunto de la Administración destinó 121.431 millones a pagar salarios públicos, un 2% más que el ejercicio anterior. Un incremento que se explica en buena medida porque el año pasado se devolvió el 50% de la paga extra de Navidad suprimida en 2012. Además, el sueldo de los funcionarios se mantuvo congelado durante los años más duros de la crisis económica. Para el ejercicio en curso, Hacienda aprobó un incremento del 1% de la remuneración. Ahora, el Gobierno ha iniciado la negociación de los Presupuestos para el próximo año y todo indica que se incluirá un nuevo incremento del sueldo de los funcionarios, que podría ser algo superior al 1%.
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